El jueves 25 de agosto se abordará en el Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza que declara en estado de emergencia administrativa, económica y financiera a la Municipalidad de Río Cuarto, sus Entes Descentralizados y Desconcentrados, como así también las empresas y sociedades del Estado Municipal.

El domingo 21 de agosto se reunió el Concejo Deliberante Ciudadano (CDC) en el Club Juan B. Alberdi y de ese espacio de reflexión y debate surgió un mandato para que los Concejales del Bloque Respeto presenten en la SESION N° 9 (Ordinaria, del 25 de agosto) del Concejo Deliberante:

Desde el Bloque Respeto, según la disposición del CDC, consideramos que el Ejecutivo Municipal no ha demostrado objetivamente la existencia de elementos contundentes que justifiquen la declaración de una emergencia económica, financiera y administrativa. Si la misma fuese necesaria, sería preciso la presentación de un análisis exhaustivo de la situación económica y financiera del municipio, con indicadores claros que permitan justificar la declaración de emergencia y las consecuentes derivaciones en el plano jurídico. Caso contrario la declaración obraría como mera maniobra de concentración de facultades en el ejecutivo violando la división de poderes y el consecuente control que entre los mismos prevé la Carta Orgánica municipal. Esta situación implicaría una seria lesión a la democracia en la ciudad.

Al tratarse de una medida de excepción, no debería haber inconveniente alguno en informar sobre lo actuado cada 6 meses, solicitando, de ser necesario, prórroga al propio Concejo Deliberante. El proyecto actual prevé la posibilidad de prórroga por decreto del Poder Ejecutivo, lo cual se traduce en un claro sinsentido.

Otra dudosa intención percibida es la de intentar justificar de que el proyecto de ordenanza puede aprobarse por mayoría simple cuando varios de sus artículos transfieren atribuciones del Consejo requiriendo mayoría especiales en muchos casos, conforme lo indica la Carta Orgánica municipal.

– Mayoría absoluta: Por ejemplo, creación de nuevos tributos o el aumento de los existentes, la sanción del presupuesto anual -inc 9 del Art 85 Carta Organica.

– Doble lectura: Art 4, Art 6 Art 8 -modificación de presupuesto 2016- corresponde inciso 7 de Art 85 de Carta Orgánica.

– Mayoría especial de dos tercios: Ejemplo, Art 17 de la ley de emergencia que refiere a la desafectación de los bienes del dominio público municipal – Inc 10 Art 85 de la Carta Orgánica-, endeudamiento por encima del 50% de lo permitido por el Art 189 de la Constitución provincial.

Se puede observar que el art 6 se corresponde a una lógica similar a la articulada por el actual gobierno nacional mediante sucesivos decretos, como el 336/16 que permitió la baja de convenios con las universidades, exigiendo el paso por el ministerio de modernización para todo nuevo convenio.

Así, la declaración de Emergencia Económica se convierte en una herramienta que debilita el sistema democrático propiciando la anulación de facultades de órganos colegiados de representación plural, y la concentración de tales facultades en manos del ejecutivo municipal a cargo de la primera minoría. En todo caso, si el Ejecutivo requiere de mayor celeridad en las respuestas del Concejo Deliberante, habida cuenta de una supuesta situación compleja en el plano económico-financiero, como integrantes del Bloque Respeto ofrecemos funcionar en reuniones extraordinarias tantas veces como fuera necesario, en el día u horario que haga falta con el compromiso de resolver con la celeridad que se exija. Pero jamás delegar atribuciones, porque eso equivale a que la ciudadanía pierda el control sobre el grupo político que está gobernando en su nombre.

A su vez, la enumeración de atribuciones que concede, conforme al proyecto de ordenanza, pone de manifiesto cierto intento de alineación de la política local con la política provincial y nacional en el marco de la actual avanzada neoliberal. El eje de la “renegociación de contratos” prevista en el cuerpo del proyecto acarrea la clara posibilidad de reducción de salarios y precarización de los trabajadores validando el cuestionado accionar del Ejecutivo Municipal para con los contratados; y cabe dudar si en los hechos concretos se modificarían contratos con grandes grupos empresarios que permitan mejoras a favor del Municipio. Esto, en virtud al importante inconveniente jurídico que tal situación podría generar vía modificaciones unilaterales de acuerdos de parte.

En este marco, para resolver la pertinencia de la Ley de Emergencia, sería interesante analizar el impacto sobre la deuda pública en el presupuesto municipal. El 11% se destina a pago de servicios de deuda (intereses), y sin embargo el proyecto no incluye explícitamente revisión de este concepto, excepto a modo genérico como un gasto más del conjunto. Se desconoce cuál es la deuda total, más allá de acusaciones mutuas entre las dos primeras minorías. Y se desconoce también el costo financiero concreto, que en rigor de verdad implica destinar presupuesto que podría permitir el desarrollo de obras y acciones de impacto en lo social, a la mera especulación financiera de grandes grupos empresarios, incluyendo el Banco Ciudad. Si se desconoce concretamente, y habida cuenta del impacto que tales pasivos generan en el presupuesto anual ante una situación de potencial dificultad financiera, se debería estar iniciando una urgente Auditoria sobre la deuda pública total, para que podamos conocer concretamente al respecto.